Qué significa la legalización de la marihuana en Uruguay en la guerra contra las drogas

SURda

 

Opinión

 

Peter Watt Znet

Traducido para Rebelión por Germán Leyens

Uruguay va camino de convertirse en el primer país que legaliza el uso, el cultivo y la posesión de marihuana después de un siglo de leyes frecuentemente autoritarias de prohibición en todo el mundo. En una trascendental votación sobre la reciente propuesta del presidente José Mujica, el Congreso uruguayo votó en su abrumadora mayoría a favor de la legalización y se espera que la ley sea aprobada por el Senado uruguayo en las próximas semanas.

La votación en Uruguay tiene lugar en medio del aumento del escepticismo regional sobre los beneficios de la prohibición y de estrategias militares dirigidas por EE.UU. a fin de imponer una legislación antinarcóticos represiva. Incluso una cantidad de antiguos y actuales dirigentes latinoamericanos de la derecha política han llamado a legalizar la marihuana, presumiblemente por reconocer el terrible sufrimiento socio-económico que la “guerra contra las drogas” ha causado durante los últimos 40 años.

Significativamente, la acción del gobierno de Mujica es una indicación de la creciente independencia de la región. John Kerry podrá seguir refiriéndose a Latinoamérica como el “patio trasero” de EE.UU., pero una parte del mundo escapa cada vez más al control hegemónico de Washington.

Después de todo, la guerra contra las drogas fue principalmente una invención estadounidense, lanzada por el presidente Nixon cuando declaró que los narcóticos eran el “enemigo público número uno” del país. Desde entonces, la guerra contra las drogas ha suministrado un pretexto para la intervención militar y política en Latinoamérica (y en Asia) y cada vez más brutal y represivo control social dentro de EE.UU. La aprobación de la nueva ley en Uruguay podría ser un paso preliminar para desmantelar una guerra cuya fraudulencia e hipocresía se comparan fácilmente con sus equivalentes, la Guerra Fría y la “guerra contra el terror”.

El año pasado, el Estado de Washington y Colorado aprobaron leyes que permiten el uso recreativo de la marihuana y es bastante posible que otros Estados sigan su ejemplo en un futuro cercano. Esas acciones tienen el potencial de detener algunas absurdidades de la guerra contra la droga, incluso si legislación similar no es adoptada en el ámbito federal.

Las nuevas leyes también reflejan un creciente escepticismo del público de EE.UU. sobre los beneficios de la prohibición. Hay que considerar que en 1969, un año marcado por el repentino aumento en el consumo de marihuana entre los estadounidenses, cerca de un 12% de la población estaba a favor de la legalización. Comparemos los relativamente conservadores años sesenta con las actitudes actuales: un sondeo realizado este año por

Pew Research Center estableció que un 52% de los estadounidenses están a favor de la legalización de la marihuana.

Un tal cambio en las actitudes también refleja el aumento de la concienciación popular de la droga y un cinismo ante el alarmismo de los políticos y su flagrante manipulación de los hechos. En EE.UU., por ejemplo, es perfectamente legal que el tabaco mate a unas 440.000 personas por año. Unas 80.000 muertes en EE.UU. son causadas anualmente por el uso excesivo de alcohol adquirido legalmente. Y sin embargo no hay muertes registradas por sobredosis de marihuana.

Las leyes relacionadas con el consumo, posesión y cultivo de la marihuana podrán parecer exageradamente duras para un observador racional. No obstante, es poco probable que desaparezcan los que tienen interés en mantener el status quo, como ser la industria privada de las prisiones, la industria del armamento y la elite política de EE.UU.

En EE.UU., los consumidores de marihuana sirven sentencias de prisión más largas que los asesinos y violadores. Gracias a la ley “de los tres golpes” de Bill Clinton, algunos consumidores de cannabis han enfrentado condenas a prisión perpetua. Semejantes medidas llevaron a un experto en la ley nazi, Richard Lawrence Miller, a comparar la legislación contra consumidores de drogas a la utilizada en Alemania para marginar y excluir a los judíos de la sociedad en general. Michelle Alexander califica la guerra contra la droga de “La Nueva Jim Crow”, según el nombre dado a las leyes que impusieron la segregación en EE.UU. de antes de los años sesenta. Argumenta que las actuales prácticas afectan sobre todo a africano-estadounidenses, a pesar de que los estudios demuestran que utilizan y venden drogas a un nivel igual o inferior al de sus equivalentes caucásicos.

Por cierto, desde que Nixon declaró que las drogas eran “el enemigo público número uno” en días en los que el uso de drogas iba bajando, la población carcelaria de EE.UU. ha aumentado de 0,3 millones de personas a 2,3 millones, la mayor encarcelación en la historia del mundo. Y EE.UU. encierra proporcionalmente a más gente negra que Sudáfrica durante el apartheid, sobre todo como resultado de la legislación contra la droga.

Mientras el encarcelamiento de cientos de miles de jóvenes africano-estadounidenses por ofensas menores relacionadas con la droga podrá parecer extraño, sin embargo tiene sentido para la exitosa industria de las prisiones privadas. Con la devastación de gran parte de la fuerza de trabajo manual como resultado de políticas económicas neoliberales, la contribución económica y el valor de todo un sector de la sociedad han sido utilizados de otra manera. Al respecto, señala el periodista estadounidense Chris Hedges:

Gente pobre, especialmente la de color, no vale nada para las corporaciones y los contratistas privados si están en la calle. En las cárceles y prisiones, sin embargo, cada uno puede generar ingresos de 30.000 a 40.000 dólares por año a las corporaciones.

Un argumento decisivo a favor de la legalización es que disminuirá seriamente las ganancias del crimen organizado. Los narcóticos (incluida la marihuana), por ejemplo, pueden representar cerca de la mitad de los beneficios de algunos cárteles mexicanos. Organizaciones como Los Zetas son capitalistas impecables y buscan constantemente nuevos mercados. Los Zetas se han expandido al contrabando de personas, al tráfico sexual, la extorsión, la piratería e incluso a la industria del petróleo y a la minería del carbón, que representan inmensas fuentes de ingresos.

Por lo tanto el tema tiene un alcance mucho más profundo que la simple legalización y descriminalización. Si no hay esfuerzos por encarar las causas a la raíz de la explosión y crecimiento del crimen organizado, ¿quién dice que los sindicatos criminales no se expandirán simplemente hacia otros mercados muy lucrativos?

Ojalá la acción de Uruguay provoque un debate internacional serio sobre la legalización. Pero ese debate también debe abordar quién controlará la producción de marihuana en Estados recién legalizados. ¿Podría el cultivo ser organizado dentro de comunidades locales y ser controlado por los consumidores, o proveerá la legalización un pretexto para que se impongan corporaciones transnacionales, tal vez encabezadas por grandes compañías farmacéuticas? Desde su perspectiva ¿por qué van a controlar el mercado delincuentes advenedizos y acumular masivas ganancias cuando profesionales “de cuello blanco” pueden dirigir las cosas con mucha más eficiencia?

Un problema potencial es que el mercado global puede llegar a ser monopolizado, creando lo que sería un cártel legal pero tal vez aún más poderoso. Pero por ahora, la acción de Uruguay es evidentemente un paso positivo.

Publicado originalmente en: The Conversation

Fuente: http://www.zcommunications.org/what-uruguay-s-legal-weed-means-for-the-war-on-drugs-by-peter-watt